La Reforma Eléctrica que el gobierno presentó al Congreso el 30 de septiembre de 2021 busca cambiar 3 artículos de la Constitución con dos objetivos principales:  

1. Darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) preferencia siempre, para que pueda generar la mayoría de la electricidad sin importar el costo o el nivel de emisiones contaminantes. Esto implica limitar la participación de los privados, aun cuando ofrezcan un menor costo de generación o energía más limpia (con menos emisiones contaminantes). 
2. Eliminar los órganos reguladores autónomos que hoy garantizan la libre competencia entre CFE y otras empresas que se dedican a generar electricidad. Los reguladores justamente tienen como misión que el país tenga energía cada vez más limpia y barata.  

El Congreso aún no decide si aprueba la reforma eléctrica. El resultado de la discusión de los diputados y senadores sobre el modelo eléctrico que tendrá México en las próximas décadas va a determinar qué tan sustentable y qué tanto crecimiento va a tener nuestra economía. En los próximos meses, nuestros legisladores tendrán que responder a los mexicanos: ¿Qué modelo nos dará Energía para el Futuro?

1. La reforma reinstalaría un modelo viejo.

La iniciativa de reforma constitucional regresaría a México a un modelo energético que es casi idéntico al que existía en la década de 1960, cuando se nacionalizó el sector eléctrico y se le dio el monopolio a CFE. En aquel entonces:

• La electricidad la generaba sólo el gobierno.
• No había reguladores especializados.
• El concepto de energía limpia prácticamente no existía.
• La economía mexicana estaba cerrada al mundo. 

Sin embargo, nuestro país ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy México es una economía grande y moderna, abierta al comercio e inversión de todo el mundo. En las últimas seis décadas:

• La población casi se ha triplicado.
• La economía ha crecido 80 veces.
• El consumo eléctrico es 30 veces más alto. 
• El cambio climático nos ha forzado a actuar con enorme urgencia para mitigar sus consecuencias. 

2. Impulsaría la generación de energía sucia, con mayor uso de combustibles fósiles.

Al forzar que sea CFE quien produzca la mayor parte de la energía en el país, la reforma haría que se aprovechen menos las plantas modernas de los privados – que usan energías limpias como el sol y el aire – para emplear más las plantas viejas de CFE, que usan carbón, diesel y combustóleo. Por eso dicen los especialistas que la reforma privilegia la generación de energía fósil. La CFE prácticamente no produce energía solar ni eólica. 

Estos efectos ya los midió el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos (NREL). Concluyó que forzar la dominancia de CFE, como la reforma eléctrica pretende, multiplicaría las emisiones de dióxido de carbono de México hasta en 65%, junto con:

• Un aumento en las emisiones de dióxido de azufre de hasta 256%
• Un incremento en las emisiones de dióxidos nitrosos de hasta 92%
• Un aumento en el uso de carbón de hasta 129.6%.
• Un incremento en el uso de combustóleo de hasta 1,109.5%. 

Por eso los expertos sostienen que la reforma impediría que México alcance las metas de sustentabilidad y energía limpia, deteriorando además la calidad del aire y la salud de la población. 

3. Resultaría en energía cara, que terminaríamos pagando todos. 

Al darle prioridad a plantas viejas, con tecnología obsoleta, los costos de producción y venta de la electricidad se dispararían. El mismo Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos, ha calculado que el costo de generación de energía en México subiría hasta en 52%. Estos son costos que se terminarían pagando o con nuestro recibo eléctrico o con nuestros impuestos, y que – como todos los productos y servicios necesitan electricidad- tendría un efecto inflacionario general en la economía.  

Además, las empresas estarían obligadas a comprar energía a la CFE a un precio mucho más alto que el actual, disminuyendo su capacidad de competir con otros países y generar empleo para los mexicanos. 

4. Generaría un sistema discrecional, desplazando los criterios objetivos construidos por expertos.  

La regulación del sector eléctrico requiere de un enorme conocimiento técnico. Por buenas que puedan ser las intenciones, tomar decisiones sobre este sector sin la supervisión y regulación de los técnicos y especialistas resulta en consecuencias no deseadas – como pueden ser privilegiar la energía más cara y sucia.  

Al eliminar a los órganos reguladores autónomos – como la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Control de Energía-, la iniciativa de Reforma Eléctrica del gobierno no sólo pretende privilegiar a CFE y eliminar su competencia, sino otorgarle a su dirección general el control absoluto sobre las decisiones del sector, subordinando los criterios técnicos y objetivos, a las prioridades de los políticos. 

Paradójicamente, la suma de estos cuatro factores debilitaría financieramente a CFE porque generaría energía más cara. No tendría recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias, y nos haría más dependientes de los combustibles fósiles del exterior – como el gas de Estados Unidos- y no más soberanos. 

Por eso dicen los expertos que la reforma no sólo no va a lograr los objetivos de soberanía energética y fortalecer a la CFE, sino todo lo contrario.